
El viernes 2 de octubre de 2026, la Facultad de Comunicación y Lenguaje y el Centro de Ciudadanías y Tecnologías (CCT) de la Pontificia Universidad Javeriana acogieron el Foro Público del V Encuentro de Redes Comunitarias en Colombia, “Conectar desde el territorio, transformar en comunidad.” El encuentro fue coordinado por Colnodo con el apoyo de varias instituciones de cooperación internacional, fundaciones y universidades. Miembros de 23 redes de internet comunitaria (RIC) procedentes de diferentes regiones del país compartieron la jornada con representantes de organizaciones de cooperación y de la sociedad civil, reguladores, activistas, docentes, investigadores y estudiantes.
El día previo al foro, representantes de las RIC se reunieron en las instalaciones del CCT para llevar a cabo la primera asamblea de gobernanza de la Red de redes comunitarias en Colombia. Discutieron el modelo de gobernanza de la Red, que han venido construyendo durante varios meses, y definieron los mecanismos de coordinación, participación y toma de decisiones y los comités de trabajo. Que esa red de redes se consolide en Colombia es un hito importante que refleja la evolución del movimiento de RIC en Colombia.
Conectividad que se construye de forma colectiva
Una RIC empieza cuando un grupo personas de una comunidad decide que la señal que no llega se puede construir entre todos, articulándose con organizaciones como Colnodo y en alianza con organismos de cooperación, fundaciones y empresas que apoyan modelos alternativos de conectividad. Cada institución aporta conocimiento, recursos o reconocimiento. Las RIC lo aplican en su territorio y deciden qué hacer con ellos. En todas las tareas del cuidado de una red, desde formar a otras personas hasta sostener los costos y resguardar los saberes y los datos, quien acompaña aporta y quienes viven allí deciden. Trabajando en equipo y de forma colaborativa levantan antenas, configuran routers y servidores, aprenden a gestionar su propia infraestructura de telecomunicaciones, y acuerdan cómo hacerla sostenible.
Como afirma Adriana Labardini, coordinadora de políticas para América Latina y el Caribe de de LocNet (una iniciativa de APC y Rhizomatica que apoya a redes locales), cada país permite y regula estas redes con marcos distintos. Brasil y Paraguay las tratan como servicio privado, con trámites y costos menores. México ha recurrido a las concesiones sociales. En Colombia se intentó la vía privada y no fue posible, de modo que las comunidades quedaron como proveedoras de un servicio público. La clasificación pesa porque decide qué normas se le aplican a una red de internet. Tratada como operador comercial, la red carga con trámites, tasas y condiciones de acceso al espectro pensados para empresas. De ahí que la discusión girara en torno a cómo ajustar las reglas a la realidad de las comunidades en territorios rurales.

Redes que hablan con voz propia
Los integrantes de las RIC colombianas hablaron con una fluidez que no pedía permiso. Uno de ellos se disculpó, intimidado de estar frente a gente tan importante, y desde el público alguien le gritó “el importante eres tú”. Que los líderes intervengan con voz propia es señal de buena salud comunitaria, pues una RIC capaz de expresarse sin intermediarios puede definir por sí misma lo que necesita y lo que quiere.
Esa seguridad se alimenta de un trabajo cotidiano de cuidado. La red Frailejones, de Cumbal (Nariño), dijo que una red se compone ante todo de personas que deben cuidarla porque es suya. En Ceja del Mango (Sucre), la red Sueños del Manjar fue montada por mujeres. Nasli Martínez Sierra, su coordinadora general, relató que ellas prepararon los cables, configuraron los routers y buscaron las líneas de vista. Antes había presidido la Junta de Acción Comunal y liderado el acueducto comunitario. Ese saber previo explica la autonomía de la RIC, pues quién ya cuida el agua de su comunidad sabe organizar lo que exige poner a funcionar una infraestructura de telecomunicaciones.
Mujeres que lideran y comunidades que aprenden
Adrián López, coordinador regional de capacitación de LocNet, señaló que diversas RIC en Colombia son lideradas por mujeres, con mucha fortaleza y dedicación. Chitara Cerritana, de Cerrito (Santander), es una asociación de mujeres campesinas y artesanas. Weinuïn Walapüin, de Uribia (La Guajira), incluyó entre sus sueños un terreno propio para las mujeres. Ese liderazgo tiene un costo que pocas veces se cuenta, porque su continuidad depende de decisiones de financiación que se toman lejos de los territorios.
Parte del sostetenimiento de estas redes está en aprender. Roberto Zambrana, asesor de la Fundación Internet Society, explicó que su organización dicta dos cursos, uno para construir redes inalámbricas comunitarias y otro para evaluar si una comunidad está preparada para tenerlas, incluido el derecho a decir que por ahora no la necesita. Vilma Rivera, de la Secretaría TIC de la Alcaldía de Ibagué (Tolima), contó que las personas de la red Flor de Mayo aprendieron con sus propias manos a desplegar la infraestructura y a administrar una red, gracias al trabajo de un operador aliado, apoyado por la Unión Europea.
Ese saber también transforma las prácticas productivas y educativas de las comunidades. Con el apoyo del programa FRIDA, un fondo de LACNIC, el registro de direcciones de internet de América Latina y el Caribe, la red Chitara Cerritana pasó de ocho a veinte familias. Sus integrantes cuentan que hoy los estudiantes siguen sus clases y las familias venden y se comunican gracias a la red. Otras experiencias muestran hacia dónde puede avanzar ese camino. La red Frailejones organiza ferias para que las mujeres artesanas comercialicen por su cuenta. El SENA, la entidad pública de formación técnica en Colombia, presentó las ferias campesinas como una estrategia de comercialización directa.

Saberes comunitarios e inteligencia artificial
Soraya Bayuelo Castellar, fundadora y directora del Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21, llevó música e historias al foro. Con ellas le dio un lugar al arte. Su colectivo acompañó, junto con Colnodo, a la red Sueños del Manjar, que ha ganado tres premios en el Festival Audiovisual de los Montes de María (FAMMA), entre ellos el de mejor videocarta infantil, hecha por los niños de su comunidad. Un saber así, que vive en las canciones, en la memoria y en décadas de trabajo, rara vez cabe en los formularios y los indicadores con que se evalúan los proyectos de conectividad.
Varias propuestas buscaron que ese saber regrese al territorio. Mónica Bonilla, de Wikimedia Colombia, presentó la Wikipedia en wayuunaiki, con una versión pensada para consultarse sin conexión. Irene Tobón, del Banco de la República, contó que su equipo se preguntó cómo se descargaría un mapa interactivo en una escuela rural en plena selva. La respuesta fue una versión que funciona sobre una red local, sin necesidad de internet. Eudo Fidel Cuarán Hernández, de la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas, expuso un plan de conectividad construido con 40 comunidades que incluye la reversibilidad tecnológica, es decir, la facultad de un pueblo de retirar una antena si decide que ya no le conviene.
Entre tantos saberes asoma una pregunta incómoda. La soberanía sobre el saber comunitario lleva a la inteligencia artificial (IA), un tema que se trató poco en el foro. Mónica Bonilla, de Wikimedia Colombia, observó que las inteligencias artificiales que hoy median internet contienen muy poco conocimiento producido desde los territorios y propuso sumar la brecha de representación a la de conectividad. Ángela Gutiérrez, de Colnodo, presentó IA Juventic, un programa de apropiación de inteligencia artificial para 300 jóvenes. Al explicarla, describió la IA como una herramienta que aprende de la información que le ingresan quienes la usan. Ahí reside el riesgo, porque lo que una comunidad escribe, narra y consulta pasa a ser materia prima de modelos que ella no controla. Colnodo presentó además la Mochila de Saberes, un repositorio de contenidos comunitarios donde las propias redes publican lo suyo. Un repositorio así hace urgente que las comunidades definan sus propios protocolos de propiedad intelectual y de soberanía sobre lo que allí se reúne.
Regulación para la inclusión digital
Cuidar los datos, los saberes y las antenas exige reglas y ese marco lo fija el Estado, que desde 2023 reconoce a las comunidades como proveedoras de un servicio público, con un tope de 3.000 accesos. A ello se suma la banda de 900 MHz, reservada hasta hace poco a los grandes operadores móviles y asignada ahora a comunidades sin cobro por el espectro. Sin embargo, el efecto de esa apertura sigue siendo limitado. Según el Ministerio TIC, 117 comunidades manifestaron interés en abril. De ellas, 25 cumplieron los requisitos de esa etapa, 12 presentaron solicitud y 8 obtuvieron el permiso. Adriana Labardini señaló una paradoja que apunta a una causa del embudo, pues la postulación se hace por internet en comunidades que carecen de él.
En lo legal, Guillermo Velásquez, asesor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), admitió que en Colombia sigue pendiente un cambio que permita reconocer a las redes comunitarias como redes de autoprestación, es decir, como comunidades que se prestan el servicio a sí mismas, en lugar de tratarlas como proveedores.
Un marco favorable tampoco basta si la red no puede pagar lo que cuesta mantenerse encendida. Adriana Labardini recordó que los megas que la red compra cada mes son su principal costo operativo. Recordó también que donde el único proveedor es satelital, este puede abusar de su poder de mercado. Por eso planteó obligar a los operadores satelitales a ofrecer tarifas más asequibles y a permitir que la señal se comparta. La electricidad es el otro gasto que una comunidad debe poder sostener. Pedro Felipe Narváez, líder del grupo de trabajo de redes comunitarias de ISOC Colombia, el capítulo colombiano de la Internet Society, presentó en Timbiquí y Guapi (Cauca) un sistema solar fotovoltaico de 5 kW, con módulos de capacitación para que las comunidades lo apropien y ayuden a conservarlo.
Colombia requiere políticas de inclusión digital co-creadas con las poblaciones vulnerables, en las que cada comunidad exponga sus necesidades y sus realidades locales antes de que se diseñe la infraestructura tecnológica. Las redes que participaron en este encuentro muestran que esa ruta es viable, porque conectan y se sostienen desde las condiciones y voces de cada lugar. Corresponde ahora al Estado asumirla como política pública, con las reglas y los recursos que permitan multiplicarla.
